la forma menos esperada pero la más reveladora
En Colombia se han tapado injusticias e inequidades durante toda su historia, hasta llegar a algunos casos donde, quienes manifiestan dichas injusticias, terminan tapados con tierra. Una de las mayores causas de lo anterior es la falta de presencia estatal en todo el territorio colombiano; la imposibilidad de acceso por parte de las comunidades a los diferentes servicios prestados por el Estado, desde acceso a la justicia, hasta acceso a agua potable, exacerban aún más las inequidades. El brote de la pandemia ha hecho evidente el retraso de la implementación del Acuerdo Final en los territorios.
Con la firma del Acuerdo Final y la creación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), se proponía transformar integralmente los territorios más afectados por el conflicto armado, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Para lograr lo anterior, se debían integrar los diferentes planes de la Reforma Rural Integral con las visiones de las comunidades frente a las necesidades de sus territorios, las cuales quedaron agrupadas en los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). El gobierno de Iván Duque propuso la creación de 16 Hojas de Ruta para sincronizar los Planes de Acción con los Planes Nacionales Sectoriales, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y los diferentes mecanismos de financiación. De los componentes que se deben sincronizar, sólo se han expedido 6 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales y en cuanto al PNIS sólo el 0,88%[1] de las familias inscritas han podido acceder a proyectos productivos. Además, después de casi 21 meses de gobierno, sólo se ha elaborado una Hoja de Ruta en la subregión Catatumbo, de las 16 Hojas de Ruta que se propusieron a elaborar. Es decir, las comunidades todavía se encuentran a la espera de la transformación integral de sus territorios.
Es urgente el desarrollo de las 15 Hojas de Ruta restantes para llevar capacidad institucional a los territorios. La pandemia ha sacado a relucir datos que ya eran evidentes, el 95% de los municipios PDET no cuentan con camas UCI, el 84% carecen de ambulancias medicalizadas para el transporte de pacientes y cada IPS, en estos municipios, debe atender un 34% más de población en comparación con el nivel nacional[2]. La situación es aún más crítica cuando se analiza la salud mental de estas poblaciones, según el CEDE[3], “de los jóvenes que residen en estos municipios y fueron víctimas del conflicto, el 55,8% tiene síntomas de ansiedad, el 47,6% tienen síntomas de depresión y el 34,9% tiene síntomas de estrés”, cifras que, en el contexto actual de cuarentena y aislamiento social, han presentado un aumento a nivel nacional, principalmente, en los jóvenes entre los 18 y 29 años (ProFamilia, 2020). Pero la atención y capacidad del sector salud no es la única rezagada en estos territorios. En cuanto a la conectividad, sólo el 5,43% de la población en los territorios PDET está suscrito a internet fijo[4], además, el 44,5% de estos municipios no cuenta con proveedores de cobertura 3G en sus centros poblados[5]. Y, respecto a servicios públicos, el 30,3% de los hogares no tiene acceso a alcantarillado y el 29,9% no tiene acceso a fuentes de agua mejorada[6].
La pandemia nos ha reafirmado las brechas ya existentes en el territorio colombiano. La construcción de paz va más allá del Acuerdo, es una deuda que tiene el país con los territorios y sus comunidades. Nos reafirma que el rezago en la implementación del Acuerdo afecta en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Por más que en Colombia se sigan tratando de tapar las inequidades, éstas encontraran la manera de hacerse conocer. Una pandemia, precisamente, ha sido la forma menos esperada, pero la más reveladora.
Camila Cuéllar
Profesional en Gobierno y asuntos públicos
Mapa interactivo con información sobre municipios PDET por Camila Cuéllar
Referencias
[1] Informe 20 UNODC.
[2] Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud REPS.
[3] CEDE. Documento No. 27: Trayectorias de desarrollo de los jóvenes en zonas de posconflicto: diagnóstico y propuestas de política. Juan Guillermo Bedoya, Sandra García, Catherine Rodríguez, Lina María Sánchez, Fabio José Sánchez. 2019.
[4] Elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Datos Abiertos. Noviembre 2019.
[5] Elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Derecho de petición con radicado número 201015142 y 21015144. 7 de abril de 2020
[6] Datos Hogares PDET: Censo Nacional 2018. DANE
[1] Informe 20 UNODC.
[2] Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud REPS.
[3] CEDE. Documento No. 27: Trayectorias de desarrollo de los jóvenes en zonas de posconflicto: diagnóstico y propuestas de política. Juan Guillermo Bedoya, Sandra García, Catherine Rodríguez, Lina María Sánchez, Fabio José Sánchez. 2019.
[4] Elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Datos Abiertos. Noviembre 2019.
[5] Elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Derecho de petición con radicado número 201015142 y 21015144. 7 de abril de 2020
[6] Datos Hogares PDET: Censo Nacional 2018. DANE